El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, reveló que a casi un año de implementado el padrón de deudores alimentarios en el estado, 118 personas están registradas por incumplir con el pago de pensión a sus hijos y solo una se ha puesto al corriente.
El Magistrado reconoció que hacen falta mayores mecanismos de castigo contra quienes evaden esta obligación, por lo que celebró la iniciativa del senador Agustín Dorantes Lámbarri para fortalecer la legislación en la materia. Adelantó además que, a partir del próximo año, los trabajadores del Poder Judicial deberán presentar una constancia que acredite no estar inscritos en este padrón, como parte del compromiso institucional de garantizar una vida y un desarrollo digno a niñas, niños y adolescentes.
La declaración se dio en el marco de la Firma de la Agenda Conjunta por la Alimentación de Niñas, Niños y Adolescentes, realizada en el Nuevo Palacio de Justicia. Esta agenda busca impulsar reformas legales, administrativas y sociales que refuercen el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).
Durante el evento, Guerra Urbiola recordó que más de 10,300 personas cumplen actualmente con el pago de pensiones a través del Poder Judicial y que en el último año la Oficina de Consignaciones reportó más de 540 millones de pesos en transferencias por este concepto.
El senador Agustín Dorantes sostuvo que el incumplimiento alimentario es una forma de violencia contra la niñez y adelantó que impulsará en el Senado una agenda legislativa para armonizar las leyes locales, exigir constancias de no adeudo en trámites administrativos y reducir los plazos para inscribir a deudores.
En la jornada participaron también el magistrado Greco Rosas Méndez, la diputada Leonor Mejía Barraza, el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, y representantes de organizaciones civiles, quienes coincidieron en que garantizar la alimentación de la niñez es una responsabilidad ética, jurídica y social compartida.
La firma de esta Agenda Conjunta reafirma el compromiso de autoridades, legisladores, iniciativa privada y sociedad civil de proteger la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes en Querétaro y en el país.
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