La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó la propuesta para una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la que el Gobierno de México busca actualizar el marco jurídico vigente desde 1988 e incorporar herramientas frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Bárcena explicó que la propuesta incorpora conceptos que no estaban contemplados en la legislación anterior, entre ellos la restauración, reparación y remediación ambiental, además de fortalecer la prevención de daños y la participación ciudadana en la conservación de los ecosistemas.
“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó la secretaria, quien señaló que la iniciativa también plantea garantizar el acceso público a la información y a la justicia ambiental, así como dar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones ante posibles conflictos socioambientales.
Entre las medidas contempladas se encuentra un programa de restauración ecológica, el fortalecimiento del ordenamiento territorial y nuevas disposiciones para desarrollos inmobiliarios y grandes proyectos. Bárcena explicó que se buscará que estos últimos cuenten con una evaluación estratégica ambiental previa y que no sean analizados de manera fragmentada cuando tengan impacto sobre una misma región.
La propuesta también incluye acciones para impulsar la economía circular, reducir residuos y aumentar el reciclaje; recuperar ríos, barrancas, costas y playas; proteger especies como el lobo mexicano, el cóndor y la ballena azul; además de incorporar un capítulo específico para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
Bárcena sostuvo que la nueva legislación tendrá un enfoque principalmente preventivo y no únicamente sancionador. “Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos”, expresó. Añadió que la iniciativa busca establecer una nueva relación entre desarrollo económico, bienestar y protección de los recursos naturales, después de casi cuatro décadas de vigencia del actual marco legal.
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