
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez de la declaratoria de Peña Colorada, en Querétaro, como Área Natural Protegida (ANP), con una extensión de 4 mil 843 hectáreas, al determinar que las autoridades pueden establecer restricciones al uso de terrenos particulares para garantizar la conservación del medio ambiente.
La resolución se derivó de los amparos en revisión 167/2026, 187/2026 y 207/2026, promovidos por diversas personas ejidatarias y una empresa que impugnaron la declaratoria, al considerar que afectaba su derecho de propiedad y que debieron ser escuchadas antes de la emisión del decreto.
Al analizar los recursos, la Suprema Corte determinó que la creación de un Área Natural Protegida es una medida constitucionalmente válida para conservar los recursos naturales y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
El máximo tribunal explicó que la declaratoria no implica que los propietarios pierdan sus terrenos, sino que establece condiciones y restricciones para su uso y aprovechamiento, con la finalidad de proteger los ecosistemas y evitar su deterioro.
Asimismo, precisó que la Constitución permite establecer modalidades al derecho de propiedad por razones de conservación ambiental. Aunque no es obligatorio realizar una audiencia previa a la emisión de este tipo de decretos, las personas interesadas tienen derecho a conocer las propuestas, consultar los estudios técnicos y presentar observaciones.
En su publicación oficial, la Suprema Corte destacó que:
“La propiedad de un terreno puede mantenerse dentro de un Área Natural Protegida, pero su uso y aprovechamiento deben respetar las modalidades establecidas para proteger el derecho a un medio ambiente sano”.
Con esta resolución, la SCJN ratificó la validez jurídica de la declaratoria de Peña Colorada, una zona de 4 mil 843 hectáreas en Querétaro, y confirmó que la protección ambiental puede establecer límites al aprovechamiento de terrenos sin que ello represente la pérdida de su propiedad.
