Durante la sesión del Senado de la República en la que se evaluó la política social del país, en el marco del segundo informe de gobierno a nivel federal, el Senador Agustín Dorantes Lámbarri afirmó que una política social no debe medirse por cuánto dinero reparte o por cuánto crece el padrón de beneficiarios, sino por cuántas personas logra sacar adelante y cuántas familias alcanzan mejores condiciones para construir su propio futuro.
“Los programas sociales no pertenecen a ningún partido político, ni son un favor del Gobierno. Los programas sociales son derechos financiados con el dinero que pagamos todas y todos. Porque el verdadero éxito de una política social no es que cada vez más personas dependan de un apoyo, por el contrario, que cada vez menos personas lo necesiten, y eso se logra con educación, con salud, con un empleo mejor pagado y formal, que le permita a cualquier persona construir con libertad su propio futuro, un futuro de verdadera prosperidad”.
Agustín Dorantes señaló que los apoyos sociales son importantes y para muchas familias son indispensables, pero deben representar el piso desde el cual las personas puedan avanzar y no un techo que limite sus aspiraciones, por ello, puntualizó que para superar verdaderamente la pobreza se requiere: educación accesible y de calidad, salud y bienestar, empleo formal, y políticas públicas que reduzcan la desigualdad y atiendan prioritariamente a quienes enfrentan mayores obstáculos.
Destacó que, como lo reveló la prueba PISA, no basta con entregar becas si las escuelas no tienen infraestructura, los maestros no reciben capacitación o los jóvenes terminan sus estudios sin las habilidades necesarias para conseguir un buen empleo; que tampoco habrá salud si una persona no encuentra medicamentos o tratamientos suficientes y a tiempo; y no habrá empleo formal sin mejores condiciones de seguridad social, capacitación y oportunidades para jóvenes, mujeres y emprendedores.
Por lo anterior, el Senador Agustín Dorantes cuestionó que el informe Presidencial se limite a reportar cuánto dinero se repartió y entre cuántos beneficiarios, pues más bien exigió que debe conocerse qué cambió realmente en la vida de las personas: cuántos jóvenes continuaron estudiando, cuántos pacientes recibieron sus medicamentos y cuántas personas encontraron un empleo formal, los resultados de una auténtica política social.
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