Luego de que se revelara un informe de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA) que detalla la supuesta participación de delincuencia organizada en minas del municipio de Peñamiller para obtener mercurio y contrabandearlo hacia países de Sudamérica como Perú, mineros de la localidad de La Plazuela de dicha demarcación municipal rechazaron las acusaciones de la Agencia y detallaron que nunca han tenido ningún tipo de transacción comercial irregular, poniendo en duda la veracidad de la investigación de la EIA.
En este sentido, manifestaron que la venta del mercurio en bruto, es decir, en forma de cinabrio, es muy poco rentable para ellos, pues la entrada de dinero disminuye considerablemente en comparación de cuando se vende el metal procesado, o sea, líquido.
En cuanto a las supuestas minas fortificadas, detallaron que no existen tales, sin embargo resaltaron que miembros del ejido de La Plazuela, que también se desempeñan como mineros, determinaron la construcción de un arco de acceso a la localidad con cámaras de videovigilancia, luego de que se registrara el robo de una caja de seguridad en la mina conocida como Cristo Vive, donde también colocaron portones y cadenas para el resguardo de las instalaciones.
En este orden de ideas, los mineros relataron que, efectivamente, sujetos intentaron ingresar por la fuerza a la zona de las minas, sin embargo se les negó el acceso. Hasta entonces, indican, desconocían que se tratara de investigadores de la EIA, situación que pone en duda las afirmaciones de la Agencia estadounidense en cuanto a la presencia de miembros de la delincuencia organizada que los habrían amenazado.
Ahondaron en que las diferentes minas son controladas y administradas por ellos mismos a través de pequeños comités, además de que cuentan con las respectivas concesiones para su explotación.
Por otra parte, en cuanto a la participación de actores vinculados a un partido político, se ha cuestionado la versión de la EIA, pues la mujer a la que se hace referencia en las notas nunca fue diputada federal del PAN y actualmente no pertenece a dicho instituto. Por lo que ve al empresario queretano que es mencionado en la investigación, se destacó que fue uno de los principales exportadores de mercurio a Colombia, Bolivia y Perú, según consta en archivos públicos, incluso desde antes de la entrada en vigor del Convenio de Mina Mata en 2017 y que establece como legal la extracción y comercialización hasta el 2023, elementos que cuestionan.
Finalmente, autoridades del país andino no han emitido una versión oficial sobre el supuesto decomiso de 4 toneladas de mercurio en aduanas de Perú, pues no se ha determinado con exactitud que se trate de dicho metal, por lo que incluso se dieron 90 días para hacer las investigaciones pertinentes.
Los hechos descritos por mineros queretanos, así como los archivos públicos que colocan al empresario dentro del margen de la ley en las transacciones de mercurio, y la falta de una postura oficial de Perú, ponen en entredicho las afirmaciones de la EIA.
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