La diputada local Ginna Guzmán presentó ante la Legislatura del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de fortalecer la protección, promoción y defensa integral de los derechos humanos de este sector de la población.
La propuesta de acuerdo con la diputada surge ante el crecimiento de la población adulta mayor y la necesidad de actualizar el marco jurídico estatal para garantizar condiciones de envejecimiento digno, autonomía, inclusión social y acceso efectivo a derechos fundamentales.
“La grandeza de una sociedad se refleja en la forma en que trata a quienes han dedicado su vida a construirla. Las personas adultas mayores merecen vivir con dignidad, seguridad y respeto, y desde el Congreso trabajamos para que sus derechos estén plenamente garantizados”, señaló la legisladora.
Entre los principales avances que contemplan las acciones que impulsa la diputada destacan:
• El reconocimiento expreso del derecho humano al cuidado integral.
• La creación de mecanismos especializados de defensa jurídica para personas adultas mayores.
• Medidas para prevenir y combatir el abandono, la violencia y el despojo patrimonial.
• La implementación de políticas públicas de envejecimiento activo y participación social.
• La obligación de brindar atención preferente en instituciones públicas y privadas.
• La incorporación de una perspectiva de género y discapacidad en la atención de este sector.
• La creación de un Registro Estatal de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores.
• La capacitación permanente de servidores públicos en materia de derechos humanos y atención especializada.
Asimismo, la iniciativa propone la creación de una Unidad Especializada de Defensa de las Personas Adultas Mayores dentro del Sistema Estatal DIF, la cual brindará asesoría jurídica gratuita, representación legal a personas en situación de vulnerabilidad y acompañamiento en casos de violencia, abandono o afectaciones patrimoniales.
La legisladora aseguró que esta reforma representa un «paso decisivo para transitar de un modelo asistencialista a uno basado plenamente en derechos humanos, donde las personas adultas mayores sean reconocidas como sujetos plenos de derechos y no únicamente como beneficiarias de programas sociales».
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