Gabriela Fernández de Cevallos Álvarez.
Es Lic. en Derecho, así como especialidad y Maestría en la misma área en la Universidad Autónoma de Querétaro, su carrera judicial por más de dos décadas sin que exista ninguna queja o procedimiento administrativo interpuesto. Se ha desempeñado en el Poder judicial acordista, auxiliar de proyectos de sentencia, secretaria particular adscrita y secretaria administrativa en juzgados de San Juan del Río; secretaria proyectista en diversos juzgados; fue nombrada jueza de primera instancia por concurso, actualmente está adscrita al juzgado séptimo de primera instancia familiar del distrito judicial de Querétaro; magistrada supernumeraria actualmente.
Para la nueva magistrada, su carrera judicial es muy importante ya que tienen en sus manos los casos que las personas someten a su consideración, siempre respetando sus derechos, y dándoles una solución efectiva, que no se quede en una sentencia vacía. Considera que tiene una visión de todas las problemáticas que se presentan a diario, lo que le ha permitido tener una experiencia tanto en el Poder Judicial como en la academia, por lo que su intención en seguir aportando en la materia.
Aída Irasema Corona Martínez.
Es Lic. en Derecho por la UAQ, con Especialidades en Derecho Privado y Administración de Justicia; con Maestría en Derecho. Manifestó su deseo de poner al servicio del Poder Judicial y la ciudadanía, su experiencia académica y laboral. Destaca su trayectoria profesional de casi 28 años en el Poder Judicial, iniciando como meritoria, secretaria acordista y proyectista, juez primero civil de SJR, en el Segundo Distrito del Poder Judicial, donde se ha desempeñado por más de 17 años, lo que le ha permitido conocer las materias: civil, mercantil y familiar. También fue juez del Estado Mexicano y coordinadora de jueces de la región: San Juan, Tolimán, Cadereyta, Jalpan y Amealco. Este julio se le designó como consejera de la Judicatura del Poder Judicial, donde forma parte de la Comisión de Disciplina. También es integrante del Comité de Transparencia, así como de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Carlos Arturo Juárez Morales.
Es Licenciado en Derecho, cuenta con un diplomado en Excelencia Humana y una Maestría en Derechos Humanos y Amparo, tiene una amplia carrera judicial, desde acordista, secretario administro, proyectista y mecanógrafo, integró la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia; fue secretario adjunto del presidente del Poder Judicial, juez mixto de primera instancia en el municipio de Jalpan; y actualmente es juez de primera instancia civil; además de destacarse como ponente, panelista y conferencista.
El nuevo magistrado, aseguró que a lo largo de toda la carrera judicial se tiene el compromiso de una capacitación continua, ya que se tiene una responsabilidad para con la sociedad, que es a la que sirven; considera que esta merece una cercanía con sus juzgadores, por lo que es indispensable ser transparentes con la intención de que la sociedad sepa quienes están detrás de un juzgado. El Poder Judicial ha impulsado a los juzgadores a ser más abiertos y a tener una cercanía con el pueblo, que es lo ideal. Considera que los ascensos en la carrera judicial le permiten estar aquí, aunque ningún cargo es menor, ya que todos suman; además de que este cargo no puede recaer en personas que no tengan la sensibilidad para ejercer esa responsable labor.
Carlos Rubén Eguiarte Mereles.
Lic. en Derecho por la UAQ, con dos Maestrías y ha concluido su Doctorado. Se ha desempeñado profesionalmente en el Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ) por 13 años, en principio como director general, secretario ejecutivo, y desde los últimos 7 años es consejero del Consejo General. Ha desarrollado documentos relacionados con derecho constitucional y derechos humanos. Ha sido autor y coautor de 16 libros, siete de ellos los ha coordinado. El magistrado destacó el valor enriquecedor de conjuntar visiones distintas sobre un mismo asunto, “esa sería la ruta, además de otros temas importantes que son factores clave para el Poder Judicial que hoy tenemos”. Destacó que este Poder sea, a nivel nacional, orgullo para las y los queretanos, lo que “tiene que ver con las personas que ahí laboran, con amplia trayectoria, convicción y sensibilidad de resolver los problemas de las personas”, afirmó.
Ana Cristina Solórzano Gallego.
Es doctora en Derecho, maestra en Derechos Humanos, con especialidad en Derecho Privado, destaca en su ejercicio profesional haber sido abogada litigante, fue secretaria técnica del Consejo Distrital, acordista, secretaria de acuerdos, proyectista, juez interina en el municipio de Cadereyta, juez interina civil de primera instancia, consejera de la Judicatura del Poder Judicial representante de los jueces, cargo que desempeña en la actualidad.
Su trayectoria en carrera judicial es desde hace 20 años, pero también tuvo la oportunidad de ser abogada litigante por un tiempo, lo que consideró la permitió tener otro enfoque desde el punto de vista de los litigantes y de los justiciables, así como la sensibilización en la cuestión de servicio público; abonando a tener otro criterio en cuanto a las resoluciones. Ha conocido diversas materias como civil, mercantil, familiar, por lo que tiene el interés para seguir su carrera judicial, con la certeza de que tiene un desempeño honrado, ya que no ha tenido juicio de responsabilidad o queja.
Luego de la Sesión Ordinaria del Pleno de la LX Legislatura, en la que las y los diputados aprobaron por más de veinte votos, los cinco perfiles para ocupar los cargos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa, magistrada presidente, los recibió en el nuevo Palacio de Justicia para darles la bienvenida y transmitirles el compromiso y responsabilidad que adquirirán una vez que ejerzan la alta función que les ha sido encomendada.
La Magistrada Presidente entabló una breve conversación con los magistrados electos, quienes entrarán en funciones el próximo 17 de septiembre, con la encomienda de preservar el trabajo siempre responsable y adecuado en beneficio de los justiciables, así como ejercer la función con los principios, valores y reglas de integridad con las que se conducen todas las personas servidoras públicas de la Institución.
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