Como parte de la estrategia «Diálogos por una Justicia Más Firme», el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Querétaro, con quienes intercambió puntos de vista sobre la realidad que enfrenta el país en materia de violencia juvenil y la necesidad de fortalecer el marco legal para atender los delitos de alto impacto cometidos por adolescentes.
Durante el diálogo, Chepe Guerrero señaló que México enfrenta un incremento en conductas violentas protagonizadas por adolescentes, situación que se refleja tanto en hechos delictivos como en casos de violencia escolar y comunitaria difundidos constantemente a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
El alcalde explicó que el acoso escolar se ha identificado como uno de los factores que puede detonar conductas violentas, ya sea desde la posición de víctima o de agresor, por lo que consideró necesario reconocer esta problemática en la toma de decisiones. Asimismo, advirtió que organizaciones criminales han recurrido al reclutamiento de adolescentes, lo que obliga a distinguir entre quienes actúan bajo coacción y quienes participan de manera consciente en actividades delictivas.
“Esa para mí es la gravedad del asunto. Hay circunstancias sociales que están llevando a nuestros jóvenes a tomar decisiones equivocadas. Lo hemos comentado en distintos foros: nuestro país vive una situación generalizada de violencia y de inseguridad. Lo más grave para mí es que ya lo tenemos normalizado”, expresó.
Chepe Guerrero enfatizó que el objetivo principal es evitar que las y los adolescentes se acerquen a situaciones de riesgo mediante acciones de prevención, fortalecimiento del tejido social y políticas públicas que les brinden mejores oportunidades de desarrollo.
Por su parte, el presidente de Canacope Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, dio paso a una sesión de preguntas y respuestas, en la que las y los asistentes coincidieron en que las personas adolescentes representan un sector especialmente vulnerable, por lo que cada caso debe analizarse considerando sus circunstancias particulares y privilegiando medidas proporcionales que protejan sus derechos, sin dejar de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
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