La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el próximo lunes la presidenta de México enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, estructurada en 10 puntos y cuatro ejes fundamentales: integración del Congreso, reducción del gasto, mayor fiscalización y fortalecimiento de la democracia participativa.
Uno de los cambios centrales plantea que la Cámara de Diputados mantenga sus 500 integrantes, pero que todos sean electos por votación directa. De ellos, 300 serían por mayoría relativa en distritos electorales y 200 bajo el principio de representación proporcional, conservando la fórmula vigente prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La modificación consiste en que quienes accedan por representación proporcional deberán contar con respaldo ciudadano directo: 97 corresponderían a candidaturas que no ganaron el distrito pero obtuvieron los mejores resultados de su partido; 95 se elegirían por circunscripción y partido político, garantizando paridad; y ocho serían para mexicanos residentes en el extranjero. En el caso del Senado, se mantendrían 96 integrantes: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
En materia presupuestal, la propuesta contempla una reducción del 25% en el costo total de las elecciones, lo que implicaría ajustes al presupuesto del INE, partidos políticos, OPLEs y tribunales electorales. Además, se disminuirían sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE en apego al artículo 127 constitucional. También se eliminaría la duplicidad de funciones en órganos electorales, se reduciría el gasto del Congreso federal y de los congresos locales, y se disminuiría el número de regidurías en municipios conforme a su población, con un máximo de 15.
La reforma incluye mayores controles en el uso de recursos. El INE tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas; se prohibirían aportaciones en efectivo y todos los recursos deberán manejarse dentro del sistema financiero. Asimismo, se incorporaría el uso de tecnologías para fortalecer la fiscalización.
Entre otros puntos, se facilitaría el voto para la diputación migrante; se reducirían los tiempos oficiales de radio y televisión en periodo electoral de 48 a 35 minutos diarios por emisora; se regularía el uso de inteligencia artificial y se prohibirían bots en redes sociales durante procesos electorales; y los cómputos distritales iniciarían al término de la jornada electoral.
La iniciativa también propone ampliar los mecanismos de democracia participativa —referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato— a estados y municipios, con posibilidad de voto electrónico en estos instrumentos. Finalmente, se reiteran disposiciones sobre no nepotismo en cargos de elección popular y la prohibición de reelección consecutiva inmediata a partir de 2030.
De acuerdo con lo expuesto, la propuesta busca reducir costos, fortalecer la fiscalización y garantizar que todas las posiciones legislativas cuenten con respaldo ciudadano directo.
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